CDHDF reprueba trato del Instituto Tlaxcalteca de Cultura al escritor Luis Humberto Crosthwaite
Boletín 155/2011
5 de mayo de 2011
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) manifiesta su preocupación por el presunto acto de censura denunciado por el escritor Luis Humberto Crosthwaite, quien fue obligado el pasado 29 de abril a suspender la presentación de su libro Tijuana: crimen y olvido, y a desalojar la Casa del Artista de Tlaxcala, por órdenes del Director del Instituto Tlaxcalteca de Cultura, Carlos Gerson Orozco García.
El evento fue dado por concluido y cuando algunos lectores se acercaban a Crosthwaite para pedirle que les dedicara un ejemplar de sus libros, los empleados de la Casa del Artista comenzaron a apagar las luces del auditorio, obligándolo a dejar el recinto.
Pese a que los directivos argumentaron que se trataba de un desalojo judicial, Tusquets tuvo conocimiento de que la Casa del Artista siguió funcionando ya que no fue desalojada totalmente, los empleados siguieron laborando y un taller de grabado incluso continuó sin interrupción de algún tipo.
El escritor Luis Humberto Crosthwaite denunció que la cancelación del evento se realizó cuando conversaba sobre la violencia desatada por el narcotráfico y multiplicada por la estrategia federal para combatirla. También “mencioné la muerte reciente de Juan Francisco Sicilia y, de manera más personal, el deceso del maestro Álvaro Rendón Moreno, en Sinaloa, quien había sido presentador de mi libro en Los Mochis y un mes después había sido asesinado en una carretera, camino a Culiacán”.
La CDHDF a través de su Relatoría para la Libertad de Expresión reprueba que el Director del Instituto Tlaxcalteca de Cultura no haya brindado una explicación al escritor, más aún cuando estuvo presente brevemente en el evento, y en cambio haya procedido a una interrupción abrupta que puede ser justificadamente interpretada como una violación al derecho a la libre expresión dado que no se fundó debidamente el proceder de la autoridad.
El Artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos dispone que el ejercicio del derecho a la libertad de expresión puede estar sujeto a ciertas restricciones; sin embargo, éstas deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar el respeto de los derechos o la reputación de los demás, o la protección de la seguridad nacional, del orden público o de la salud o la moral públicas.
